La Federación de Asociaciones de Empresas Inmobiliarias (FADEI) ha alzado su voz en contra de la recién implementada Ley de Vivienda, alegando que esta legislación está teniendo un impacto negativo en el consumidor y está arrojando una sombra negativa sobre los profesionales del sector inmobiliario. A través de un comunicado oficial, la presidenta de la patronal, Montserrat Junyent, ha expresado su preocupación sobre los efectos de esta normativa.
Junyent ha argumentado que la Ley de Vivienda, vigente desde hace tres meses, fue concebida en un contexto electoralista después de un largo período de inactividad legislativa. Además, ha criticado el proceso acelerado por el cual las fuerzas políticas aprobaron la ley, señalando que ciertas medidas dentro de la misma podrían reducir la oferta de viviendas, siguiendo ejemplos pasados en otras regiones, como Cataluña.
Uno de los puntos que FADEI lamenta profundamente es la ausencia de un marco regulatorio específico para la profesión inmobiliaria. Según la patronal, existía un consenso entre una amplia mayoría de grupos parlamentarios para establecer un registro obligatorio para los agentes inmobiliarios, un aspecto que la ley finalmente no aborda.
Desde la perspectiva de FADEI, es crucial que los poderes públicos garanticen la seguridad jurídica adecuada en la adquisición o alquiler de viviendas. La organización sostiene que cualquier operador en el sector debe contar con formación adecuada, seguro de responsabilidad civil y una garantía de caución, lo que, en su opinión, contribuiría a elevar la calidad de los servicios ofrecidos.
La patronal lamenta que la imagen proyectada sobre el sector inmobiliario esté asociada con la especulación y la defensa de intereses oscuros. En contraste, FADEI enfatiza que el sector desempeña un papel esencial en el funcionamiento del mercado y en el equilibrio entre los intereses de todas las partes involucradas.
En resumen, FADEI sostiene que la Ley de Vivienda actualmente en vigor necesita reconsiderarse para abordar sus preocupaciones y garantizar un marco legal que proteja tanto los intereses de los consumidores como el papel crucial de los profesionales inmobiliarios en el mercado.
